La dictadura de los mercados II

Hoy en día, los estados tienen una doble función en cuanto a su papel económico. Por un lado, marcar las reglas del juego mediante el poder legislativo. El segundo papel, muy denostado por Galbraith, fue asumido a partir de la segunda guerra mundial y consiste en ser un consumidor más.

El problema radica en el ya no es un consumidor más, sino que es “el consumidor”. Hoy en día, una parte importante del sector privado debe el grueso de sus ingresos al sector público. Y no estoy pensando únicamente en las constructoras, sino en empresas de servicios que regentan residencias de ancianos, colegios concertados, farmacéuticas, servicios de asistencia, seguridad de edificios públicos y que, o bien prestan un servicio al sector público, o a los ciudadanos por encargo de la administración y son bonificados por ello por el estado.

Esa es la parte del “estado del bienestar que corre peligro, porque se entiende que si el estado no da él mismo esos servicios, no debe de tratarse de servicios esenciales. Recortes en esos capítulos afectarían más o menos al crecimiento, pero su afección es limitada al tratarse en primer lugar de servicios y en segundo lugar de servicios en marcos regulados. Es más, una reforma en ese sentido bien encauzada debería suponer una ganancia en efectividad del estado y su repercusión debería ser positiva en el corto plazo en términos de coste de nuestra financiación y en el largo plazo en la sostenibilidad del sistema. Por supuesto, recortes en algunos de esos servicios podrían afectar a buen número de ciudadanos que sí verían recortado sensiblemente su estado del bienestar y que tendrían que buscar esos servicios en el sector privado con el coste consecuente. Es duro, más aún cuando ya lo considerábamos un derecho, pero si no hay dinero para pagarlo y no nos lo prestan, ¿que más se puede hacer?

En los momentos que vivimos, es fundamental que el gobierno de España actúe con amplitud de miras, pensando primero en la disponibilidad de recursos que tiene, segundo estableciendo un listado de servicios de más a menos esenciales, y tercero actuar sobre la eficiencia en la prestación de esos servicios. La eficiencia pasa por una reforma del sector público meditada, razonada y explicada convenientemente a los ciudadanos y en ella se debe plantear tanto el modo de funcionar de los entes prestatarios (hospitales, colegios, oficinas administrativas, cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, fuerzas armadas, juzgados), como las condiciones en que la administración competente debe rendir cuentas al estado y a la ciudadanía que financia esos servicios.

Por contra, el gobierno actual del PP aparece día sí y día también con noticias de tapadillo, anuncios en prensa extranjera, ocurrencias que recuerdan mucho al modo de actuar del gobierno anterior y que ya sabemos cómo funcionaron.

El termómetro de la intervención que supone la prima de riesgo sigue subiendo. Otros indicadores especializados alertan cada día de que la situación es límite. Si llega el rescate, los ciudadanos sólo tendremos el derecho al pataleo y las medidas serán tomadas nos guste o no por aquellos que nos prestarán el dinero para seguir tirando.